¡A regular el cabildeo!

Por: Carlos Fernando Guerrero Osorio

Los distintos grupos de interés en una sociedad realizan lobby o cabildeo ante quienes toman las decisiones de política pública o de alguna manera intervienen en su elaboración. Sencillamente así funciona en cualquier lugar del mundo; negarlo es tan necio como tapar el sol con un dedo. Visto con racionalidad, el cabildeo en sí mismo no tiene nada de malo; de hecho, es el camino para lograr una democracia mucho más directa, en la que las decisiones públicas no se toman solo por los políticos y tecnócratas de turno, sino teniendo en consideración los intereses de quienes son impactados por una decisión.

El lado oscuro del lobby surge cuando no todos los grupos de interés tienen la misma oportunidad de ejercerlo, los sobornos y las prácticas oscuras prevalecen sobre la argumentación y la persuasión, y, sobre todo, cuando carece de transparencia. Esto último, inclusive, es la razón del resto de características negativas de un inadecuado escenario de cabildeo. En otros términos, la carencia de información sobre cómo, quiénes y para qué se hace lobby enturbia las relaciones entre ciudadanos y funcionarios del Estado. En ese sentido, urge regular el asunto y hacerlo visible.

En nuestro país -y honestamente la gran mayoría de naciones- hemos preferido un status quo de hipocresía: sabemos que el cabildeo existe y se hace con prácticas non sanctas, pero optamos por ocultarlo, o, como se dice coloquialmente, no tomar el toro por los cuernos. Para nosotros en ACIEC el camino debe ser totalmente opuesto: visibilizar el cabildeo, regularlo. Esto no sólo es positivo para el ejercicio de todos los derechos ciudadanos, sino que en el ámbito empresarial constituye una herramienta esencial para la transparencia de los negocios, pues es claro que la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones son esenciales en el mundo de los negocios, en hacerlos de forma ética, en lo que al fin de cuentas llamamos compliance.

Hacemos un llamado a que el lobby sea prioridad de la agenda de compliance y anticorrupción del gobierno y los distintos actores sociales. Tener una ley en este escenario no solo nos permitiría tomar una buena ventaja sobre muchísimos otros países, tanto en materia de transparencia de la función pública como en el mundo de los negocios, sino tener una herramienta realmente poderosa contra la concentración y el abuso de poder, el tráfico de influencias y cualquier otra cantidad de malas prácticas de los sectores público y privado.

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