Editorial, democracia y compliance

Por: Carlos Fernando Guerrero O. Socio ACIEC

El 15 de septiembre fue el día mundial de la democracia. Conmemoramos la posibilidad que tenemos de elegir y ser elegidos, de manifestarnos, de tener un Estado de Derecho, de poder buscar mejores condiciones de vida. Es una fecha para tener presente muchísimas cosas que solo son posibles en una democracia. Al mismo tiempo es un momento para reflexionar sobre todo aquello que debemos mejorar para tener una sociedad más democrática. Un parámetro que nos permite comprender en qué estado nos encontramos es el Índice de Estado de Derecho que desarrolla cada año World Justice Project. Según este índice, que mide 8 variables relacionadas con la democracia en 128 países del mundo, ocupamos el puesto 77 en la versión de este año; logramos una mejor posición que en años anteriores en comparación con otros países, pero nuestro puntaje general sigue siendo 0.50, siendo 1.0 la máxima calificación posible.

En todos los factores evaluados, en general Colombia tiene una ligera tendencia a mejorar. Nos va especialmente bien en el factor ‘Gobierno Abierto’, que mide que tan abierta tiene su información un gobierno para la ciudadanía y qué tan dispuesto está para las observaciones de las personas, en el que ocupamos el puesto 27. En el peor componente que nos va es ‘Justicia Penal’, ocupando el puesto 101; según la medición, tenemos investigaciones muy ineficientes, una justicia muy tardía y parcializada, un sistema judicial con influencias inadecuadas del gobierno y un sistema penitenciario que no contribuye a reducir la criminalidad. Un factor que vale la pena también destacar de este índice es ‘Derechos Fundamentales’. En este, ocupando el puesto 74 y con una ligera desmejora del año 2015 hacia acá, aún debemos mejorar mucho para evitar la discriminación, garantizar la libre expresión, el derecho a la privacidad y el derecho a reunirnos y manifestarnos públicamente.

Un aspecto fundamental para una buena democracia es el respeto de las normas y, en general, de los derechos de otros. Las mejores democracias del mundo lo son porque tienen muy bien satisfechos sus derechos y necesidades básicas y, de contera, tienen interiorizada una cultura de respeto por el derecho, de cumplimiento normativo, que exige poca coerción o intervención del Estado para que las normas sean practicadas por las personas. Ese cumplimiento normativo voluntario implica generar una cultura en ese sentido; en buena medida -por no decir que lo más importante- ese es el objetivo de lo que contemporáneamente llamamos compliance.

Las empresas, al igual que otras estructuras de toda sociedad -familias, comunidades religiosas, grupos políticos, etc.-, anteceden al Estado en su labor de orientar el comportamiento de los individuos de acuerdo con ciertas normas; en tanto son más cercanas al actuar diario de los individuos y su actividad económica supone una mayor complejidad de los comportamientos humanos, las empresas son protagonistas en la generación de una cultura adecuada de cumplimiento normativo. Así las cosas, las empresas en desarrollo de sus programas de cumplimiento tienen un rol muy importante en la construcción de una sociedad más democrática.

Con esto quiero destacar que el compliance va más allá de que una empresa cumpla ciertos estándares regulatorios, de que sus directivos y empleados se metan en menos líos legales, o de que la compañía goce de mejor reputación. Eso que denominamos compliance es una herramienta fundamental en la construcción de sociedades con personas más respetuosas de las normas y sobre todo de los derechos de otros; desde la perspectiva de la política pública el compliance debe ser considerado como un elemento central de la estrategia en favor de la democracia. El Estado colombiano debe enfocar ese compliance empresarial no solo como un factor de protección empresarial o un parámetro de responsabilidad de las empresas por violaciones a las normas, sino como un elemento imprescindible para el desarrollo democrático del país.

En ese mismo orden de ideas, y quizá lo más importante en este escenario, las compañías tienen el deber de entender así el compliance. No pueden verlo como una cuestión formal para cumplir con ciertas exigencias regulatorias, pero tampoco pueden quedar satisfechas abordándolo como un asunto que solo les impacta a ellas, ni tampoco como algo que tiene un valor secundario en la sociedad en general. Contribuir a la democracia del país, a la realización de los derechos de las personas en general y el poder vivir en una mejor sociedad, debe ser la perspectiva y fin último del compliance en las empresas.

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