El Estado en tiempos de COVID-19: Discusiones de Ética, Transparencia y Corrupción

El COVID-19 ha representado un gran reto. Produjo la transformación de las dinámicas sociales, la percepción del nivel del riesgo en sociedad, e inclusive alteró el funcionamiento del Estado. Dada la magnitud del riesgo, el poder público habilitó mecanismos más expeditos para la gestión fiscal, por ejemplo, mediante el Decreto 537 de 2020, se habilitó la contratación directa por urgencia manifiesta con el propósito de simplificar trámites para la adquisición de bienes y servicios que fuesen requeridos, una medida racional.

Empero, al parecer el comportamiento de ciertos gestores fiscales desató presuntos fenómenos de corrupción. La Contraloría General de la República ha recibido más de 232 denuncias sobre presuntas irregularidades, que -sumadas en total- ascienden a más de 143 mil millones de pesos malversados ; la Fiscalía General de la Nación dio apertura a 177 indagaciones, de las cuales 17 estarían próximas a la formulación de imputación . De otra parte, la Procuraduría ha priorizado 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios . La preocupación de los entes de control también es compartida por la ciudadanía. Transparencia por Colombia dispuso de un espacio especial para la vigilancia ciudadana de los recursos asignados por el gobierno para afrontar el COVID-19 .

La inquietud -de fondo- que suscita la pandemia es acerca del rol de los sistemas de transparencia estatal no coercitivos. Cuando menos, es plausible reflexionar sobre hasta qué punto son eficaces. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- comprende un amplio abanico de medidas para la gestión de riesgos, teniendo como propósito dirigir la función pública hacia los fines del Estado Social y Democrático de Derecho. Inclusive, este año fue promulgada la ley 2016 de 2020: El Código de Integridad se hizo extensivo al poder público, acompasado de pautas para su cumplimiento material.
Este último hito es importante. Se trata de una respuesta categórica al fenómeno de la corrupción. Por infortunio, poca difusión ha tenido pese a contener un trasfondo deontológico representativo y deberes importantes, por ejemplo, para la aprehensión del Código de Integridad se plasmó el deber de generar espacios formativos. Sobre este deber, Kleinhempel destaca que los espacios formativos son el “punto de partida (y no de llegada) para una sostenida puesta en discusión de los dilemas y riesgos éticos a los que se enfrentan, estimulando el pensamiento crítico” .

En conclusión, y sin demeritar la relevancia del rol que han ejercido los entes de control-, los sistemas de cumplimiento estatal no coercitivos están llamados a asumir un rol más importante en la lucha contra la corrupción. De hecho, el llamado es de naturaleza constitucional: El principio de la moralidad administrativa, que rige la función pública, centra la atención en armonizar la administración pública con los fines del Estado Social de Derecho, aterrizando la ética de lo público en la satisfacción de los intereses de la colectividad bajo los pilares de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la igualdad, respetando en todo caso el principio de legalidad.

 

Escrito por: 

Elías Mauricio Monroy Mora

Abogado con profundización en derecho penal (Universidad Santo Tomás). Becario en pregrado. Reconocimiento de tesis meritoria por el trabajo de grado: Punibilidad de delitos financieros: crítica dogmática. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior (Universidad Santo Tomás). Candidato a Magister en Derecho Penal (Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Barcelona, España). Curso de Gestión de Riesgos Corporativos (Universidad de los Andes). Curso de Transparencia, Integridad y Lucha Contra la Corrupción (Departamento Administrativo de la Función Pública). Abogado de la firma MPA Derecho Punitivo & Riesgos Corporativos, y miembro del Centro de Estudios Fiscales -CEF- de la Contraloría General de la República.

 

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