Ley de protección al denunciante como política anticorrupción

Atendiendo el llamado constante de la OCDE para que adopte medidas que permitan la protección de los denunciantes en el país, el gobierno de Colombia radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 341 de 2020,  «por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones.» En esta editorial nos referiremos exclusivamente al capítulo I del proyecto, el cual tiene por objeto de acuerdo con su artículo 2: “Incentivar la entrega de información, queja, denuncia o testimonio sobre actos susceptibles de ser investigados y sancionados en el ámbito fiscal, disciplinario o penal, por delitos contra la administración pública, el patrimonio económico, el medio ambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y, faltas o infracciones disciplinarias relacionadas con estas conductas” (…).

Este proyecto de ley fortalece la normatividad existente en materia de la lucha contra la corrupción pública y privada, y contempla aspectos tan importantes como la protección de identidad de los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción, medidas de protección laboral para trabajadores del sector privado, y medidas de protección para los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios. 

Denunciar actos de corrupción en el sector privado o público no solo requiere de valor y cultura anticorrupción, sino que amerita medidas que protejan a quienes contribuyan a la detección y puesta en conocimiento de actos de corrupción, y que aporten a la construcción de ecosistemas de transparencia al interior de las entidades.  Por eso, en primer lugar, esta iniciativa legislativa presentada por el gobierno busca garantizar medidas de protección física para las personas que denuncien actos de corrupción y, como consecuencia de ello, sean objeto de amenazas contra su integridad. esa protección procederá luego de verificar el nivel de riesgo deberá incluirlas en los programas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección. 

El proyecto también propone los testigos serán salvaguardados bajo el anonimato frente a terceros, salvo que los denunciantes quieran revelar su identidad.  No obstante, en el marco de un litigio, solo las partes podrán conocer la identidad para ejercer su derecho a controvertir las pruebas, sin embargo, deberán asegurar la confidencialidad de la identidad del denunciante, so pena de las sanciones penales y administrativas si ponen en riesgo la integridad de quien funge como soporte probatorio de la conducta investigada. En el mismo sentido, la iniciativa legislativa incluye medidas de protección laboral para los trabajadores que denuncien actos de corrupción al interior de sus empresas, creando mecanismos que los protejan frente a posibles amenazas y represalias por dichas denuncias.  Oara esto, la autoridad que conozca la amenaza deberá informar al Ministerio del Trabajo y al representante legal de la empresa para que brinde de manera inmediata, las medidas de prevención en materia de protección laboral y de acoso laboral, y será ésta misma quien vigile que el empleador efectivamente implemente dichas medidas, las cuales además deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud y su incumplimiento acarreará multas hasta de cien (100) SMLMV vigentes, contra el empleador. 

Para la implementación de esta ley, recae sobre los empresarios la obligación de contar con un canal de denuncias de corrupción por parte de sus trabajadores, así como una política de protección a denunciantes, informantes y testigos, ambos deben ser incluidos en sus programas de transparencia y ética.  

En cuanto a las entidades del Estado y la protección de sus servidores públicos, contratistas de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, será la Procuraduría General de la Nación quien ordene al representante de la entidad donde cumple su función el denunciante, para que adopte de manera inmediata, las acciones preventivas a que hubiere lugar, el no hacerlo será causal de mala conducta.  Será responsabilidad de todas las entidades públicas incentivar la denuncia de actos de corrupción y difundir sus medidas de protección a los denunciantes. 

Desde la Asociación Colombiana de Integridad y Ética (ACIEC), consideramos de la mayor importancia esta iniciativa, pero llamamos la atención en la necesidad del cumplimiento del Estado de los compromisos de protección frente al denunciante, de lo contrario, solo será letra muerta, pues quien denuncia debe tener la certeza de que sus derechos serán protegidos. 

Diana Marcela Rivera R.

Junta Directiva ACIEC

 

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